F. Sanri
En Colombia nos fuimos acostumbrando a normalizar la violencia. En los noticieros los muertos eran más frecuentes que los vivos. Durante décadas, la gente almorzó mientras contemplaba cuerpos abatidos, carros bomba, atentados, masacres y secuestros. Hemos contado, por miles, muertos sin nombres.
Esa convivencia con la muerte nos enseñó una peligrosa forma de supervivencia: dejar de sorprendernos. No hay nada más peligroso para un país que acostumbrarse a ver la muerte del otro como una victoria o a su cadáver como un trofeo.
Durante La Violencia quedó registrada la consigna de «no dejar ni la semilla»: bebés arrojados al aire para recibirlos con machetes o bayonetas. A ello se sumaron prácticas cuyos nombres bastan para estremecernos: «corte de corbata», «bocachiquiar», «picar para tamal». No bastaba matar. Había que humillar el cuerpo del enemigo, despojarlo de dignidad y convertir su cadáver en un mensaje de terror, dominación y poder.
En un país cuya historia ha estado atravesada por la sevicia sobre el cuerpo del enemigo, el pasado debería servirnos de brújula moral. Y, sin embargo, parecemos olvidarlo.
Una cosa es que el Estado use legítimamente la fuerza —incluso la letal, en los estrictos supuestos en que el derecho lo permite— y otra convertir los cuerpos producidos por esa fuerza en escenografía política. El presidente Abelardo de la Espriella ha aparecido en su primer mes de gobierno caminando triunfante entre cadáveres cubiertos con bolsas blancas después de operaciones de la Fuerza Pública. La imagen pretende comunicar victoria, fuerza, autoridad. El cadáver se convierte en trofeo, legitimación y advertencia: el poder es capaz de destruir a quien lo desafía.
Aunque un juez ya ordenó ocultar esas imágenes de las redes oficiales de la Presidencia, por el riesgo de que vulneren derechos fundamentales, la orden llegó tarde para lo que ya se había normalizado: la escena se ha convertido en el sello visual de su política de seguridad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, lo expresó con precisión: el Estado no puede competir con los grupos armados por demostrar «quién puede ser más cruel», ni disputar con ellos quién produce más miedo o humilla más al adversario. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó de «triste equivocación» equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas y pidió contar con la Defensoría como «aliada de las víctimas». Sin decirlo expresamente, la respuesta insinuaba que cuestionar estas imágenes podía significar ponerse del lado de los criminales.
Ese razonamiento es peligroso. Criticar la manera en que el Estado representa la muerte no significa proteger delincuentes. No se trata de establecer similitudes o niveles de crueldad, sino de indicar que el Estado tiene deberes que lo obligan a comportarse de acuerdo con su dignidad.
En La Ilíada, Aquiles mata a Héctor —príncipe de Troya— y después ultraja su cadáver arrastrándolo detrás de su carro enfrente de las murallas de la ciudad, donde su familia contempla estremecida el espectáculo. Eso busca. Venganza. Héctor ha matado su primo Patroclo y quiere —como todos los que sufren— compartir su dolor.
En la noche, disfrazado de mendigo, el rey Príamo entra de noche al campamento enemigo y hace algo estremecedor: besa las manos del hombre que mató a su hijo para suplicarle que le devuelva el cuerpo. Aquiles cede y permite que Héctor regrese con los suyos y reciba los ritos funerarios. Hasta el enemigo necesita descansar.
Antígona plantea el problema desde otro ángulo. Creonte ordena que Polinices permanezca insepulto porque lo considera traidor a Tebas. Antígona desafía la orden porque entiende que la condena política no puede apropiarse indefinidamente del cuerpo del muerto. Incluso después de la muerte existen límites, y el poder también se mide por su capacidad de respetarlos.
En Colombia conocemos demasiado bien lo contrario. José Antonio Galán fue ejecutado y descuartizado en 1782, y partes de su cuerpo fueron enviadas a distintas poblaciones. En El Salado, paramilitares llegaron a jugar fútbol con las cabezas de algunas víctimas. Épocas y actores distintos; la misma tentación de transformar el cuerpo del vencido en mensaje.
Por eso preocupa que el lenguaje de las bolsas empiece a convertirse en celebración. El senador Jota Pe Hernández propuso una colecta para comprar cerca de 30.000 bolsas destinadas a cadáveres de integrantes de grupos armados abatidos por la Fuerza Pública. Dijo incluso que para él sería un «orgullo» contribuir a comprarlas.
Treinta mil.
Cuando las vidas se convierten anticipadamente en una cifra de muertos metidos en bolsas, estamos peligrosamente cerca de acostumbrarnos otra vez a la barbarie.
Está claro que los grupos armados ilegales han roto todos los límites imaginables. El Estado no debe hacerlo. Esa ha sido una de las grandes luchas del derecho penal moderno y de los derechos humanos: limitar el poder de castigar y colocar en su centro la dignidad humana.
La dignidad no premia al delincuente ni impide combatirlo. Define aquello que el Estado no puede hacer, incluso frente a quien ha desconocido todas las reglas. Y ese deber tampoco termina con la muerte.
Quien delinque debe ser perseguido, capturado y juzgado. La Fuerza Pública puede emplear la fuerza de manera legitima y acabar con la vida de quien se alza en armas contra el bien común; sin embargo, convertir cadáveres en indicadores de éxito puede producir lógicas funestas.
Colombia ya las conoce. Los mal llamados falsos positivos hicieron de los cuerpos una medida de eficacia: civiles inocentes que fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate. La JEP ha establecido un universo provisional de al menos 7.837 víctimas entre 1990 y 2016.
Un Estado demuestra su fortaleza respetando los límites: tratando dignamente al capturado, garantizando juicio al acusado y respetando al muerto. El Derecho Internacional Humanitario exige proteger los cadáveres contra el ultraje y disponer de ellos respetuosamente.
Por otro lado, convertir el conteo de muertos en sinónimo de seguridad hace que permanezcan intactas las condiciones que reproducen la violencia. El narcotráfico, la corrupción, la inequidad, la ausencia del Estado, la falta de oportunidades y una reforma agraria todavía pendiente no desaparecen porque aumente el número de cadáveres. Menos aún porque se exhiban.
Si los muertos fueran suficientes para construir la paz, Colombia ya sería el país más pacífico del continente. Muertos nos han sobrado; lo verdaderamente difícil ha sido construir un país en el que matar deje de parecernos la única solución.