Federico Sanri
Después de una carnicería sin precedentes en territorio europeo —aclaración necesaria, porque los imperios de Europa ya habían derramado cantidades inconmensurables de sangre en otros lugares del mundo—, la humanidad comprendió que permitir una nueva barbarie como la ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial no tenía ninguna presentación para una especie que decidió llamarse a sí misma Homo sapiens: el humano sabio.
Cerca de 80 millones de muertos dejaron en vilo la racionalidad y bondad de una civilización capaz de semejante destrucción contra sí misma. De aquella vergüenza, más que un mundo nuevo, surgió la certeza de que el poder necesitaba límites y de que había normas y debían haber organismos internacionales por encima de los gobiernos, las guerras y las conveniencias del momento. La Organización de las Naciones Unidas, creada en 1945, fue una expresión de esa aspiración.
En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) llevó esa idea más lejos: existen garantías que pertenecen a cualquier persona por el solo hecho de serlo. La vida, la libertad, la educación, el debido proceso, la igualdad, entre otros. Derechos que no se les reconocen a determinadas personas. Los conservan el delincuente, el adversario político, el pobre, el rico, el amable y el mezquino, el santo y el pecador. Si estos derechos pudieran disolverse por razones morales...
Gran favor hizo a la DUDH Hansa Mehta, representante de la India, quien contribuyó a que en el artículo primero se sustituyera la expresión original: “todos los hombres”, por “todos los seres humanos” nacen libres e iguales. Nombrar incluye, excluye, reconoce y también borra. Por eso no es menor la discusión actual alrededor de la decisión del ICBF de privilegiar la expresión “niñez” frente a la mención diferenciada de niños y niñas. Las palabras son también disputas simbólicas. Lo que no se nombra no existe.
En 1966, los pactos internacionales transformaron buena parte de aquellas aspiraciones de la DUDH en obligaciones jurídicas. Sin embargo, escribir un derecho no garantiza su realización. Mauricio García Villegas ha explicado la eficacia simbólica del derecho: toda ley genera consecuencias aunque no se materialice de inmediato; la norma crea expectativas y posibilidades de reclamación. Todo orden jurídico contiene una promesa de futuro y responde una pregunta.
La pregunta a la que respondió el Estatuto de Roma de 1998, que creó la Corte Penal Internacional, fue: ¿Qué ocurre cuando un Estado no juzga a quienes cometen crímenes tan graves que no pueden pasarse por alto? Su preámbulo recuerda que millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de “atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”. Nada explica mejor su existencia: hay crímenes que nunca deberían quedar impunes, sin importar quién los cometa; ni la bandera, la causa, la ideología, la religión o la razón de Estado en cuyo nombre se pretenda justificarlos.
La CPI tiene competencia para juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Actúa de manera complementaria a las jurisdicciones nacionales. El Estado conserva la primera obligación de investigar y juzgar. La soberanía permanece, pero no se puede usar como fórmula de la impunidad.
Colombia asumió ese compromiso de manera especialmente significativa. Para reconocer la jurisdicción de la Corte fue necesario reformar la Constitución mediante el Acto Legislativo 02 de 2001, que adicionó su artículo 93. Después, el país aprobó y ratificó el Estatuto de Roma en 2002. Fue una decisión de Estado que exigió adaptar nuestro orden constitucional.
Por eso inquieta que hoy se discuta la posibilidad de abandonarlo. La información conocida hasta ahora indica que el Gobierno estudia esa opción, aunque Colombia no ha formalizado su retiro. La pregunta es inevitable: ¿qué gana Colombia? La respuesta es simple: nada.
Somos un país marcado por masacres, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desplazamientos, reclutamiento de menores y violencia sexual. Todavía buscamos desaparecidos de hace 40 años, discutimos cómo juzgar nuestra guerra y tratamos de construir una paz que no convierta la justicia en un obstáculo ni la impunidad en su precio.
La CPI tiene problemas evidentes. Su lentitud, su selectividad y la ausencia de grandes potencias dentro del sistema merecen críticas profundas. Esas deficiencias deberían conducir a exigir una justicia internacional mejor, no a reducir todavía más su alcance.
También resulta extraño invocar la soberanía para abandonar una institución internacional mientras la decisión coincide con presiones externas para que distintos países se retiren de ella. La orden ya fue dada desde el Norte: hay que desmantelar la CPI. La soberanía nacional como excusa pierde sentido cuando se utiliza para rechazar un tribunal internacional siguiendo la orientación de una potencia extranjera.
Además, salir no borra el pasado. El artículo 127 del Estatuto establece que el retiro produce efectos un año después de la notificación al Secretario General de las Naciones Unidas y mantiene las obligaciones contraídas mientras el Estado fue parte. Tampoco afecta los asuntos que ya estuvieran bajo consideración de la Corte.
La discusión excede la política exterior: se refiere al lugar que concedemos a los límites jurídicos cuando incomodan. Una garantía demuestra su verdadero valor cuando alguien quiere prescindir de ella.
La historia de la humanidad también puede leerse como la historia de los límites construidos después de cada desastre. Nos tomó millones de muertos comprender que ciertas conductas no pueden depender exclusivamente de la voluntad de un gobierno ni delitos atroces pueden quedar encerrados detrás de una frontera o cobijados por el vino insensato del olvido.
La Corte Penal Internacional representa uno de esos acuerdos frágiles.
Colombia puede cuestionarla, exigir su reforma y denunciar sus incoherencias. Retirarse significa otra cosa: renunciar voluntariamente a una garantía que costó siglos de barbarie imaginar y décadas de derecho construir.
Quizá la verdadera medida del Homo sapiens no esté en su capacidad de dominar el mundo, sino en haber aprendido, después de destruirlo tantas veces, a imponerse límites a sí mismo.
Salir de la Corte Penal Internacional sería comenzar a desmontar uno de ellos.